La Asamblea Departamental en sesión plenaria, aprobó en segundo debate el proyecto de Ordenanza No. 358 "Por la cual se ordena la emisión de la Estampilla Pro Seguridad Alimentaria y Desarrollo Rural en el Valle del Cauca, en reemplazo de la Estampilla Pro Electrificación Rural y se dictan otras disposiciones". Esta iniciativa surgida de la necesidad de reactivar la producción en el campo y sustentada en que el Departamento tiene una cobertura de electrificación del 98%, tuvo como ponentes a los diputados Alvaro López Gil y Emilio Merino González. Al tiempo que el Secretario de Agricultura y Pesca José Vicente Irurita, agradeció a nombre del gobierno y de los campesinos y agricultores el apoyo de la Corporación, la diputada Guillermina Bravo Montaño reiteró que "no estoy de acuerdo con que se implementen nuevos impuestos habiendo otros mecanismos para la seguridad alimentaria".
Sobre los alcances del proyecto, el Primer Vicepresidente Fernando Vargas Restrepo indicó que en el Valle del Cauca "existe la tierra y están los campesinos, pero no existen las garantías económicas para sembrar y de que habrá estabilidad en el mercado y que los créditos van a tener facilitad de pago para el campesino". El diputado manifestó que lo que deberá hacer el Gobierno con esta herramienta, es "generar programas claros, precisos y concretos, donde el campesino acceda a unos recursos frescos a unas tasas bajas".
APOYO A OBRAS CIVILES
Teniendo en cuenta que la iniciativa original gravaba "Todos los contratos u órdenes de trabajo que celebren los sujetos responsables de la Estampilla con personas naturales o jurídicas", la Asamblea Departamental redujo ese porcentaje para no afectar el desarrollo de obras civiles en el Valle del Cauca. "No se puede por beneficiar a una población, perjudicar otro sector my importante que mueve la economía y más aún cuando proyectamos vigencias futuras excepcionales por $ 650 mil millones para desatrasarnos en infraestructura. Si vamos a gravar con un impuesto más las obras civiles, estaríamos siendo desacertados e incoherentes", explicó Vargas Restrepo.
En este ítem del proyecto de Ordenanza quedó que "Los contratos que celebran los sujetos responsables de la Estampilla, con personas naturales o jurídicas que superen los 25 s.m.m.l.v., con excepción de los contratos de prestación de servicios personales que afecte el rubro de funcionamiento, cancelarán una tarifa del 0.20 % del valor del contrato o pagos parciales".
