En sesión plenaria fue aprobado hoy el segundo debate del proyecto de Ordenanza No. 345 "Por medio de la cual se autoriza al Gobernador del Valle del Cauca para ejercer pro témpore funciones de la Asamblea Departamental con el fin de realizar modificaciones a la estructura de la Administración Departamental". A solicitud de los diputados, "dichas facultades solamente las podrá ejercer el mandatario hasta el 31 de Diciembre de 2008, con el objetivo de lograr una mayor articulación y coherencia con el programa de gobierno, el plan de desarrollo y así, mejorar la prestación de los servicios a cargo del Departamento", explicó uno de los ponentes de la iniciativa Emilio Merino González.
Los asambleístas también incluyeron un Parágrafo al artículo primero, "porque en la Ordenanza debe quedar todo definido", manifestó la diputada Myriam Cristina Juri Montes. Dicho parágrafo establece que "previo estudio técnico se faculta al Gobernador para que se creen las siguientes dependencias: la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Asuntos Étnicos, la Secretaría Privada, la Oficina de Prensa y Comunicaciones, la Oficina de Convivencia y Paz, la Dirección de Control Interno Disciplinario, la Oficina de Cooperación Internacional, la Gerencia Administrativa de Buenaventura, la Gerencia Administrativa de Cartago y la Gerencia de Agua Potable y Saneamiento Básico".
En un segundo artículo, la Asamblea Departamental seguidamente facultó al Gobernador para que establezca las funciones de las dependencias que se crean, al igual que su escala salarial. Acerca de las modificaciones al articulado inicialmente presentado por el Gobierno, el Presidente de la Duma dijo que "lo que buscamos es blindar la Ordenanza al máximo", mientras que el Primer Vicepresidente Fernando Vargas Restrepo aclaró que "lo que queremos es tener salvavidas jurídicos, no se trata de pereques".
ASÍ FUE LA VOTACIÓN
El primer artículo que limitó las facultades hasta el 31 de Diciembre de 2008, recibió 18 votos a favor, 2 en contra (Guillermina Bravo Montaño y José Ritter López Peña) y se registró la ausencia de Christian Munir Garcés Aljure. El parágrafo del primer artículo, que concreta las 10 dependencias, recibió 17 votos a favor, 2 en contra (Guillermina Bravo Montaño y Yiminson Figueroa Carabalí) y se registró la ausencia de Christian Munir Garcés Aljure y José Ritter López Peña. El segundo artículo que faculta para establecer funciones y la escala salarial, recibió 18 votos a favor, 1 en contra (Guillermina Bravo Montaño) y se registró la ausencia de Christian Munir Garcés Aljure y José Ritter López Peña.
La diputada Bravo Montaño argumentó que "tengo dudas sobre la eficiencia de las Gerencias, que tienen 3 funcionarios: un Gerente y 2 personas que no sé si realmente podrán cumplir con todos los requerimientos de la comunidad. Ojalá que no se vayan a convertir en un elefante blanco por no satisfacer la demanda, es mejor usar esos recursos para inversión social".
"ES ILEGAL": JOSÉ RITTER LÓPEZ PEÑA
José Ritter López Peña, dijo tener cuestionamientos de índole moral y ético, políticos, presupuestales, de favorabilidad al Departamento, pero también jurídicos. "Por considerar este proyecto ilegal, llamo a la reflexión a los miembros del Gobierno y a los diputados, sobre el artículo 74 de la Ley 617 de 2000, que para mí vicia totalmente la Ordenanza". El asambleísta citó que si bien tanto el Gobernador como el Alcalde, pueden crear, suprimir y fusionar los empleos de sus dependencias, señalar sus funciones especiales y fijar sus emolumentos, "con cargo al tesoro departamental el Gobernador no puede crear obligaciones que excedan el monto global fijado para el respectivo servicio en el presupuesto inicialmente aprobado".
"En mi sentido, ya que aprobamos un Presupuesto en el 2007 para el 2008, esta Ordenanza lo excederá en $ 486 millones de pesos y además de estar viciándolo, para mí es ilegal. Estoy seguro que después no vamos a aparecer con $ 486 millones de exceso en el presupuesto de gastos de funcionamiento, sino que va a ser mucho más", anotó.
HACIENDA ACLARA
Por su parte el Secretario de Hacienda Ezequiel Lenis Ramírez, sustentó que desde el punto de vista fiscal y presupuestal: 1. Esta Ordenanza se enmarca dentro de las restricciones de la Ley 617 respecto a que no se viola el techo de los gastos de funcionamiento frente a los gastos corrientes de libre destinación, que como lo establece es del 50%, nosotros estamos en el 40%. 2. De acuerdo al artículo 74 que menciona el diputado López Peña, fíjese que las atribuciones de los gobernadores señalan claramente que el Gobernador con cargo al tesoro departamental no podrá crear obligaciones que excedan el monto global inicialmente aprobado, y hay una forma presupuestal de no hacerlo, los traslados presupuestales.
El funcionario explicó que lo que prohíbe la Ley 617 es hacer adiciones presupuestales para financiar estos gastos, "y aquí debo precisar que no vamos a hacer adiciones, si tenemos que recurrir a financiar algunos gastos lo vamos a hacer a través de traslados". Acotó igualmente que "el costo fiscal de esta Ordenanza es de $ 486 millones incluyendo las prestaciones: solo de sueldo básico son $ 24 millones más el factor prestacional (1.7) nos da algo más de $ 40 millones que multiplicados por 12 meses ascienden a $ 486 millones para que le quede claro a la comunidad, especialmente a los medios de comunicación y al sindicato".
En este aspecto, Lenis Ramírez aclaró que los $ 486 millones son para todo un año y en lo que resta del 2008 no se va a necesitar todo eso. "Calculamos que mientras la Administración implementa esta reestructuración, vamos a gastarnos 2 meses más y realmente al final de año vamos a necesitar solo $ 50 o $ 60 millones que con un trasladito presupuestal vamos a cumplir con la Ley 617. Ya para poder cumplir el año entrante, debemos incluir los $ 486 millones de pesos porque vamos a tener que financiar todo el 2009 de esta reforma". El diputado Rubiel Antonio Muñoz Corrales le complementó que en cuanto al tope de gastos de funcionamiento "el Departamento que está en el 40%, pasará al 41.5%".
GERENCIA DE BUGA
La discusión en segundo debate, permitió confirmar que una Gerencia para el Centro del Valle del Cauca con sede en Buga no se va a crear. Según el diputado Marino Del Río Uribe, "lo que se hará según el propio Gobernador es desconcentrar las funciones administrativas hacia Buga". La propuesta inicial de contar con una Gerencia en la Ciudad Señora fue de los diputados Jaime Aguilar Domínguez José Fabio Rojas Giraldo y Mario Germán Fernández De Soto Sánchez.
En opinión de diputados como Amanda Ramírez Giraldo, "lo que hay que hacer, es mejorar la descentralización de las funciones del Gobierno con mayor efectividad", y Fernando Forero Cruz opinó que "si lo que se pretendía era ayudar a los municipios como Sevilla, Caicedonia, Riofrío ó Trujillo, debió pensarse en Tuluá".
