Respaldo a la Imprenta Departamental SOLICITAN QUE GOBERNADOR Y JUNTA DIRECTIVA DECIDAN FUTURO ADMINISTRATIVO, ECONÓMICO Y FINANCIERO POR SU SOSTENIBILIDAD
El Déficit operacional de la Imprenta Departamental, que asciende a $ 1.087 millones (a 30 de Septiembre es de $ 396 millones), llevó al pleno de diputados a solicitarle al Gobernador Ubeimar Delgado Blandón que con la Junta Directiva, se decida el futuro administrativo, económico y financiero de la empresa. Según su propio Gerente Fabio Alonso Arroyave la situación es crítica, “y como estamos, en 3 años nos iríamos a la liquidación”. Los miembros de la Corporación, por intermedio del citante Mario Germán Fernández De Soto, plantearon un pacto de lo público con lo público, para que se contrate prioritariamente los servicios que ofrece la Imprenta.
A 30 de Septiembre, la ejecución presupuestal de Ingresos solo llega al 36,89% y las ventas van en $ 1.041 millones de un presupuesto a cumplir a Diciembre de $ 1.782 millones. El mayor ingreso, por concepto de las publicaciones en la Gaceta, fueron eliminadas en el Decreto anti trámites “y el cliente institucional no llega”, lamentó Arroyave Botero. Para Fernández De Soto Sánchez, “la Imprenta Departamental debe ampliar su objeto social y explorar entre las medidas que propenden por su sostenibilidad, convertirse en editorial o especializarse en digitalización de archivos”.
Precisamente entre las medidas de sostenibilidad expuestas por el Gerente, están: la reforma administrativa con retiro voluntario y traslado a Colpensiones (cuya liquidación costaría $ 801 millones y se ahorrarían $ 810 millones año); y la venta de acciones que se tienen en Cavasa y representan un valor de $ 1.545 millones (para capitalizar). “Eso sumaría más de $ 2.300 millones, máxime cuando la empresa puede funcionar con menos del 50% del personal actual”, precisó Fabio Arroyave. Otras alternativas son: el proyecto de digitalización de archivos y gestión documental, ubicar una sucursal comercial en el barrio San Nicolás, implementar una nueva marca comercial y solicitar la reestructuración de la deuda pública con Infivalle por $ 800 millones, dándole 1 año de gracia.