CIFRAS APROXIMADAS
Pese a que el Acuerdo de Reestructuración de Pasivos define acreencias por $ 560.273 millones de pesos, tantos los diputados como el Gobierno coincidieron en la necesidad de concretar las cifras. “Aquí no solo hay que precisar las cifras sino los alcances de las facultades”, anotó el diputado Andrés Mauricio Chicango Castillo. Al respecto el Secretario Javier Roldán, expresó que esa es la médula del análisis, ya que “las cifras que se presentan son aproximadas a la realidad más no definitivas, precisamente estas se tienen que construir en un proceso que nos mostrará donde está el desgreño informativo”.
Continuando con el informe de ponencia, la situación jurídica actual muestra: pretensiones por $ 762.401 millones vía demandas, procesos arbitrales que pretenden $ 14.893 millones, recursos embargados sin aplicar por $ 7.131 millones y débitos embargados decretados por $ 110.000 millones. La situación financiera presenta déficit fiscal de $ 112.000 millones, el reajuste pensional del Decreto 2108 y las cuotas pensionales suma $ 10.000 millones y la deuda pública a Diciembre pasado cerró en $ 168.000 millones.
Ante la comisión de Presupuesto, Roldán Barbosa se mostró preocupado al revelar que hoy conoció unas pretensiones del sector educativa por $ 359.000 millones, incluyendo homologaciones por $ 122.521 millones. “Confío en la información de la Secretaría de Hacienda, y espero que esa pueda ser solo una pretensión, una interpretación de la Ley o una posición social del magisterio”, expresó. Por su parte el diputado Rubiel Antonio Muñoz Corrales destacó la posibilidad de que el Acuerdo de Reestructuración de Pasivos se adelante en los próximos 4 años, “incluso podamos recuperarnos mucho más rápido y regresar a la Categoría Especial”. “Esto por la nueva fuente para la Ley 550, de $ 87 mil millones de Depósitos Judiciales, el Desahorro del Fonpet y la atención de contingencias de Salud y Educación con recursos del Sistema General de Participaciones”, analizó.
Finalmente y ante la situación administrativa, se planteó que aprovechando la Ley 550 se implementen estrategias con los siguientes propósitos:
1. Mejorar ostensiblemente la información financiera y económica de la Administración, pues según múltiples hallazgos de la Contraloría, esta no es confiable, concepto que ratificamos los ponentes de este proyecto.
2. Realizar y desarrollar el cálculo actuarial del Departamento y fondear los recursos necesarios para la creación del fondo pensional ó patrimonio autónomo, ya que definitivamente mientras que esta actuación no se surta, la situación de los pensionados continuará siendo un gravísimo riesgo a las finanzas.
3. Implementar y aplicar de forma inmediata el MECI y el sistema integrado de Gestión Pública del Departamento, de lo contrario se continuará administrando de una manera desordenada y desarticulada, todo ello con sus graves consecuencias.
4. Realizar una rápida reforma, más que administrativa, estructural, para poder que dependencias tan importantes en la gestión social como Salud y Educación, cumplan sus objetivos misionales y otras dependencias que no han podido desarrollarlos adquieran su papel protagónico en el desarrollo del Departamento como son Agricultura y Pesca, Turismo, Desarrollo Social, Vivienda, Planeación y Hacienda y Crédito Público.
5. Establecer las estrategias idóneas para incrementar el recaudo de los ingresos y disminuir los gastos generales por debajo de los techos de la Ley 617 de 2000 para poder volver a ubicar al Valle del Cauca en la Categoría Especial.
6. Fortalecer de manera efectiva la Secretaría Jurídica para que asuma la defensa judicial del Departamento con responsabilidad, eficacia y eficiencia puesto este es quizá, el factor fundamental de la decisión de suscribir el Acuerdo de Reestructuración de Pasivos.