PANORAMA AMBIENTAL

Jesús Eduardo Arroyo, Director de la DAR Pacífico Oeste adscrita a la C.V.C. como autoridad ambiental, expuso la preocupación por la explotación que se desarrolla en un tramo aproximado de 20 kilómetros, al igual que por la presencia de unas 10.000 personas concentradas en un sector que no cuenta con infraestructura ni manejo sanitario adecuado, presentando un potencial riesgo para la salud, la degradación progresiva del medio ambiente y problemas de orden público.  Igualmente la entidad dio a conocer las actuaciones corporativas desde el 21 de mayo de 2009, la última de las cuales fue la Resolución de abril 9 de 2010 “Por la cual se impone una medida preventiva, de suspensión de actividad minera de explotación aurífera en territorios la cuenca del río Anchicayá”.

Organismos como la Defensoría del Pueblo en cabeza de Andrés Santamaría, afirmaron que se trata de “una masacre ambiental y social por omisión del Estado, que da vergüenza internacional en materia de protección del medio ambiente”.  El Defensor se mostró partidario de pedir la intervención judicial.  La Procuradora Agraria y Ambiental Luz Stella Hincapié señaló que “esta es una actividad ilegal que no solo genera un daño ambiental sino un problema social”.

José Félix Ocoro Minotta, Alcalde del Distrito de Buenaventura, insistió que si la actividad sigue siendo ilegal “jamás el Distrito o el Ministerio recibirán regalía alguna, y menos van a recibir los pobladores del corregimiento”.  “Si eso no se llega a legalizar, Zaragoza quedará más pobre que antes.  Ocoró Minotta invitó a hacer sinergia ente el Distrito, el Departamento y la Nacional, para que Zaragoza no siga siendo un pueblo sin Ley y destacó que la propuesta de la Asamblea del Valle del Cauca de declarar la Emergencia Social, Ambiental y Económica “es el principio para llegar a una solución definitiva, y evitemos el peloteo entre las entidades involucradas”.