Mediante Proposición RECHAZO A LA VIOLENCIA Y AL ABUSO DE LOS DERECHOS HUMANOS Y SOLIDARIDAD CON VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA
A propósito de cumplirse el pasado 11 de abril, de ocho años del secuestro de los 12 diputados del Valle del Cauca que culminó con la masacre de once de ellos, la Asamblea Departamental mediante proposición del diputado Mario Germán Fernández De Soto Sánchez elevó el siguiente pronunciamiento público:
“La Asamblea Departamental del Valle del Cauca en uso de sus atribuciones legales y constitucionales reitera el vehemente rechazo a la violencia y a todas las manifestaciones que atentan contra los derechos humanos en el País, al igual que proscribe toda forma de limitación de la libertad como el secuestro acaecido hace 8 años a los doce diputados del Valle con el posterior asesinado de once de ellos en cautiverio el día 18 de junio de 2007.
“Los diputados plagiados carecían de un esquema de seguridad, tampoco contaban con carros oficiales ni mucho menos blindados en el ejercicio de su función constitucional. Ejercían con dignidad y decoro su tarea desde la Corporación Administrativa en beneficio de los vallecaucanos por lo que extendemos un abrazo solidario a sus familias, a quienes ofrecemos nuestro apoyo para reclamar la verdad y la justicia de los execrables acontecimientos que enlutan la vida institucional del Valle del Cauca y de la Nación.
“Es el momento de reflexionar acerca de las estrategias utilizadas en los últimos 8 años para combatir la violencia sin olvidar el deber fundamental del Estado con las víctimas del conflicto. Hay que repensar sobre la necesidad de una Ley de reparación que también sea de perdón y arrepentimiento para la reconciliación de las colombianas y los colombianos.
“El País requiere atender a las 3.500.000 personas en condición de desplazamiento para obtener una política en materia de tierras que garantice el retorno justo y eficaz de quienes fueron desposeídos de todo lo que les pertenecía.
“En nuestra condición de diputados del Valle del Cauca hacemos un llamado a la solidaridad con las víctimas de la violencia y de la misma manera a las autoridades legítimamente instituidas para proteger la vida, la honra y los bienes para seguir avanzando en la defensa de la dignidad humana”.